Y, sin embargo, persiste contra toda lógica. ¿Por qué? ¿Tal vez porque los traficantes necesitan la prohibición para que su negocio marche a toda máquina. ¿No será que los traficantes son los principales defensores de la prohibición?

Organismos internacionales del máximo prestigio como la ONU reconocen palmariamente que las políticas punitivas impulsadas por la prohibición han resultado en encarcelamientos masivos, en un mercado negro más violento y en la perpetuación de la delincuencia organizada.

La criminalización no disminuye el consumo ni en tráfico; al contrario, agrava la marginación y la inseguridad, además de dificultar grandemente la atención sanitaria para los usuarios.

Todos los expertos coinciden en que estos enfoques han fracasado y han pedido cambios urgentes hacia políticas basadas en esta evidencia y centradas en los derechos humanos.

Modelos de despenalización y regulación han demostrado que no aumentan el consumo si van acompañados de servicios de salud y reducción de daños.

Países como Suiza o Portugal han reducido muertes por sobredosis y enfermedades asociadas a través de una combinación de despenalización, acceso a tratamientos y programas sociales. Debemos encaminarnos con urgencia hacia modelos basados en la salud pública, la regulación responsable y el respeto a los derechos humanos, dejando atrás la criminalización.

Debemos considerar la legalización o regulación vigilada de algunas sustancias para eliminar el mercado ilegal y reducir riesgos de adulteración y violencia asociada.

Si esto es tan evidente, y hay consenso sobre esto, ¿por qué no se hace? ¿Tal vez porque el floreciente mercado multimillonario de las drogas ilegales es demasiado importante? ¿No merecería este asunto un simposio internacional o algo parecido?